“UNA APROXIMACION A LA PROBLEMÁTICA SOCIAL FUEGUINA”

“UNA APROXIMACION A LA PROBLEMÁTICA SOCIAL FUEGUINA”

LOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN LA CIUDAD DE USHUAIA Y SU IMPACTO SOCIO-AMBIENTAL

Érica M. Turin De La Llosa

Introducción

El déficit habitacional no es un fenómeno nuevo en Tierra del Fuego. La regularidad de los flujos migratorios y el sostenido crecimiento demográfico de los centros urbanos desde la implementación de políticas públicas orientadas precisamente a favorecer el poblamiento junto a la demora del Estado en la ejecución de planes de urbanización han generado condiciones que dificultan el acceso a una vivienda digna. Más aún, amplios sectores de la población se ven directamente imposibilitados de satisfacer esta necesidad vital. En este contexto, la “ocupación ilegal de tierras fiscales” se fue configurando desde los años 80 como una práctica regular, consentida por los poderes públicos.

Entonces nos preguntamos: ¿por qué hoy se habla de “crisis”, “emergencia” o “desorden” cuando el déficit habitacional y el crecimiento no planificado han sido constantes en las últimas décadas? ¿Por qué diferentes actores de la sociedad civil –ciudadanos y asociaciones civiles- manifiestan una fuerte preocupación frente a las invasiones y compras ilegales de terrenos públicos cuando estas prácticas caracterizaron la dinámica del crecimiento urbano? ¿Qué condiciones llevan a visualizar el presente como “un punto de inflexión” o alimentan visiones casi apocalípticas de la realidad social y ambiental? En definitiva, nos preguntamos ¿qué es lo nuevo que aparece en escena que genera un clima de inquietud y malestar social? 

  

La preocupación por el tema llegó a las aulas de la Universidad. Entre el desconcierto y la perplejidad frente a la multiplicidad de voces y discursos encontrados y la necesidad de comprender una problemática que nos afecta directamente como ciudadanos e integrantes de esta comunidad y como futuros profesionales del Turismo, decidí abordar sistemáticamente el tema.

El primer momento de la metodología utilizada en esta aproximación consistió en reunir un conjunto de estudios que ofrecieran información sobre la problemática de los asentamientos irregulares vinculados a los procesos migratorios en otros contextos, tanto en el marco nacional como internacional. Este análisis permitió conocer que ningún país del mundo ha logrado organizar de manera eficiente y equitativa su política de vivienda y el desarrollo urbano en general; además, se observó que el fracaso, la mayor parte de las veces, proviene de pensar únicamente en las familias más pobres, sin tomar en cuenta que las familias de ingresos medios tampoco tienen resuelto su problema habitacional. (Casanueva 1991). Por otro lado, el examen de algunas experiencias en materia de vivienda en otras ciudades de Argentina (Otero 2004) como así también en México (Casanueva 1991) y en India (Chattherjee 2007) permitió identificar semejanzas y diferencias con el caso de Tierra del Fuego. Más allá de las especificidades de cada uno, sorprendió encontrar una serie de factores comunes y sobre todo similitudes en las prácticas de ocupación ilegal.  

Los materiales teóricos seleccionados ofrecieron además herramientas de análisis adecuadas –conceptos y enfoques- para pensar las relaciones entre el Estado y la sociedad en la política contemporánea. La selección y sistematización de esta información permitió construir el objeto de estudio como un escenario en el que se identificaron actores, prácticas, relaciones, discursos políticos, modalidades de organización colectiva, políticas públicas, espacios de diálogo y negociación, intereses y estrategias de los distintos actores.

Algo que sorprendió fue la amplia recepción que tuvo esta visión de la problemática abordada en la cátedra de Historia Social Argentina cuando se publicó el trabajo en un diario local. Quizás es debido a que nuestro punto de vista académico “intenta” la neutralidad y los lectores están acostumbrados a opiniones políticas siempre sesgadas o visiblemente interesadas. Ofrecemos entonces una nueva lectura de un problema muy sensible a la comunidad toda.

 Dinámica migratoria y calidad de vida

Creo prudente especificar desde qué perspectiva tomaremos el término “demografía”: la podemos concebir no sólo como la disciplina que estudia desde el punto de vista cuantitativo las variaciones y características de los fenómenos demográficos sino también como un campo en el que se reflejan formas profundas –esencialmente políticas en el sentido antropológico del término- de organización de la sociedad y de los derechos de los individuos. (Otero 2004: 73)

Ante esto no podemos dejar de hacer referencia a Velázquez quien en el libro “El mosaico argentino” de Hernán Otero, define que la calidad de vida[1] es resultante y generadora de procesos y aunque está muy ligada a la “pobreza”[2] ambas hacen referencia a fenómenos relacionados pero diferentes entre sí. Es decir que mientras la pobreza se mide desde un “piso”, la calidad de vida se mide con respecto a un “techo”. Mientras el piso de la pobreza es relativamente fijo pues apunta a la satisfacción de las necesidades básicas, el techo de la calidad de vida es variable y ascendente ya que la escala de valores y las expectativas cambian. El incremento del consumo no implica necesariamente mejor calidad de vida, no hay que confundir los conceptos de “calidad de vida” con “nivel de vida”, esta última hace referencia al nivel de consumo y a la adquisición de bienes y servicios. (Velásquez 2004: 174)

Haciendo una relación entre la dinámica migratoria interna y los niveles de calidad de vida en nuestro país, se configuró un reagrupamiento de las provincias en función de la primera. La dinámica migratoria ínter censal (1980-1991) permite definir cuatro grupos:

• Las claramente expulsoras: Nordeste excepto Misiones y en el Noroeste Santiago del Estero y Tucumán.
• Las ligeramente expulsoras: Jujuy y Salta en el Noroeste, San Juan y Mendoza en Cuyo y por último Entre Ríos y Capital Federal.
• Las ligeramente receptoras es el grupo más amplio e incluye áreas como Buenos Aires y   Río Negro que junto con las provincias relacionadas con la promoción industrial (San Luis, Catamarca, La Rioja) lo conforman.
• Finalmente el grupo fuertemente receptor está circunscripto a provincias patagónicas muy dinámicas: Tierra del Fuego, Santa Cruz y Neuquén. (Velásquez 2004: 189)

   La imagen que podemos formarnos en este análisis es asociando las zonas expulsoras (tipo 1 y 2) con bajos niveles y las receptoras (3 y 4) con niveles más altos. Esta idea preliminar se correspondió parcialmente con la realidad, pero no en su totalidad pues como se sabemos el crecimiento demográfico produce problemas que afectaría directamente a la población, particularmente en lo que respecta a la disponibilidad de viviendas, servicios, oferta educativa, salud, etc. Paradójicamente las zonas con crecimiento negativo no exhibieron condiciones de vida más adversas que las demás, es decir que la relación crecimiento demográfico y calidad de vida es débil. (Velásquez 2004: 190)

Otra característica demográfica que se puede destacar es que la oportunidad de uso de bienes y servicios resulta inversa a su accesibilidad, es por ello que la estructura de ocupación del espacio tiende a reproducir y yuxtaponerse a la estructura social. Los sectores sociales de mayores ingresos y riquezas ocupan en la distribución espacial, las zonas más privilegiadas (céntricas) en términos de localización y acceso a servicios; en tanto que las clases populares se concentran en las zonas urbanizadas más marginales y de difícil accesibilidad (periferias). (Velásquez 2004: 175)

  

Experiencias internacionales en materia de vivienda

Como hemos detallado anteriormente el crecimiento demográfico y los flujos migratorios son factores que gravitan la dificultad en la adquisición de la vivienda. Me parece importante hacer una breve referencia de la problemática habitacional de otros países para poder acercarnos al caso de Ushuaia.

Es sorprendente encontrar que ningún país del mundo ha logrado solucionar este problema. En Europa occidental, Estados Unidos, en los países del bloque socialista, en los de reciente industrialización del sudeste asiático y en el resto de los países de América Latina, la vivienda es un problema aún no resuelto. (Casanueva 1991: 111)

Aunque los países desarrollados no han enfrentado el problema del crecimiento demográfico explosivo y urbanización acelerada, también han tenido muy graves dificultades para organizar de manera eficiente y equitativa su política de vivienda y el desarrollo urbano en general. Es importante recalcar que la política de vivienda debe incluir a todos los segmentos demandantes, pues en el caso de relegar a alguno de ellos, se corre el riesgo de sufrir efectos contrarios a la intención de la política. El fracaso, la mayor parte de las veces, proviene de pensar únicamente en las familias más pobres, sin tomar en cuenta que las familias de ingresos medios no tienen tampoco resuelto su problema habitacional. (Casanueva 1991: 112)

Actualmente la tendencia mundial en esta materia se dirige a eliminar la acción directa del gobierno sobre los mercados para concederle un papel regulador. La política de vivienda se instrumenta, cada vez más, a través del marco regulatorio y de estímulos adecuados que incentiven la inversión, confiándole a la iniciativa privada la mayor parte de las acciones. (Casanueva 1991: 113 y 114)

En el caso de los grupos de más bajos ingresos, los gobiernos de los países desarrollados con frecuencia apoyan a éstos a través de la vivienda privada en renta, transfiriendo subsidios directos a los inquilinos de manera tal que este segmento es también atendido por el sector privado. En los países en vías de desarrollo, es también el sector privado quien satisface la demanda de vivienda en los sectores más pobres, sólo que a través de la autoconstrucción realizada por los propios recursos familiares. En este último caso, la vivienda varía en cuanto a su calidad de acuerdo con los niveles de ingreso dentro de este sector. (Casanueva 1991: 129)

Por último, respecto a la provisión privada vale la pena reiterar la importancia de la existencia de un marco regulatorio que estimule la inversión para que los mercados privados favorezcan la vivienda sobre otras posibles inversiones. El marco impositivo debe ser adecuado para incentivar la inversión y si no la promueve, por lo menos no debe tratarla diferencialmente con respecto a otros sectores. Este tipo de políticas son provechosas para las familias de ingresos medios y altos, sin embargo implican cierta pérdida recaudatoria, de ahí proviene la oposición en muchos países en vías de desarrollo de seguir las mismas. (Casanueva 1991: 133 y 134)

Las experiencias internacionales en esta materia muestran primordialmente que no existe un modelo o camino único a seguir para solucionar esta problemática habitacional, en todos los casos se muestra que el gobierno no puede desentenderse de ésta en la medida en que subsista un problema de ingresos. Es decir, mientras existan núcleos de población pobres, para los cuales no es posible acceder a una vivienda, el gobierno debe jugar un papel activo, ya sea garantizando, incentivando, dando créditos o incluso construyendo unidades básicas o estructurando programas de lotes y servicios. (Casanueva 1991: 158)

 El problema de la vivienda en México

Es evidente que la causa más profunda del problema de la vivienda radica en el hecho de que la mayor parte de la población se ve imposibilitada de acceder a una vivienda digna en virtud de no contar con el ingreso requerido para ello. (Casanueva 1991: 9 y 10)

A diferencia de otros países en vías de desarrollo, e incluso de algunos desarrollados, en los que se observan grupos de población que carecen estrictamente de una habitación, en México lo que suele suceder es que aquellos sectores que no son capaces de demandar vivienda en forma efectiva, optan por aceptar espacios habitacionales que no cumplen con los requisitos mínimos de una vivienda digna. Esta población no encuentra otra alternativa que invadir o comprar ilegalmente terrenos ejidales o comunales, ubicarse en tierras del gobierno o en litigio, o convertirse en víctimas de fracciones ilegales. En general han auto construido su vivienda en condiciones muy precarias. La composición laboral de este grupo es muy diversa, en algunos casos el jefe de familia cuenta con relativa estabilidad laboral, pero con mucha más frecuencia esto no es así, en su mayoría no cuentan con una fuente fija de ingresos y no disfrutan de las formas establecidas de seguridad social, lo que reduce aún más sus oportunidades de acceder a los mecanismos institucionales de crédito. (Casanueva 1991: 15, 16, y 17)

Estos mecanismos se han constituido en un móvil de control y manipulación política y en uno de los ejes principales del movimiento urbano popular. Un hecho que se ha observado repetidamente, es que en el acceso al terreno han predominado los factores políticos sobre los económicos. La tolerancia de las autoridades en cuanto a la formación de fraccionamientos ilegales, por ejemplo, se han dado con frecuencia a cambio de reclutamiento para las votaciones y los actos políticos o mítines. Es sintomático el hecho de que la venta y la ocupación de la tierra se hayan dado sobre todo durante períodos de elecciones. (Casanueva 1991: 21)

La relación entre los pobres de la ciudad y el gobierno se dio sobre la base de demandas específicas, mediadas generalmente por un líder local al que con frecuencia se lo identificó como “cacique urbano”; una especie de señor feudal que favorece a su séquito, actúa sin pedir opinión a nadie, negocia como gobernante y sirve como intermediario. El cacique urbano fue en muchos casos el comisario ejidal que favoreció y toleró las invasiones ilegales, o se dedicó a vender lotes de fraccionamientos clandestinos o “permisos” para ocupar terrenos. Por lo general este tipo de líder consolidó su prestigio y su poder al gestionar exitosamente ante el gobierno la incorporación de servicios urbanos básicos y la regulación de la tenencia del terreno. Para esto usó sus contactos en el gobierno y su influencia personal. Su papel de intermediación administrativa se fusionó con la intermediación política, garantizando la incorporación de colonos a las filas partidarias. (Casanueva 1991: 38 y 39)

El problema de la vivienda en la India

Entre las décadas de 1970 y 1980 la India se vio brutalmente transformada en su estructura socioeconómica por efectos combinados de la democracia y el desarrollo económico. El incremento de la población en las grandes ciudades debido a la inmigración proveniente de las áreas rurales generó condiciones sociales de índole explosivas, disturbios políticos, aumento de la criminalidad, déficit habitacional de viviendas, invasiones y desastres naturales. Proporcionar hogar, desagüe, agua, electricidad, transporte, educación, servicios de salud, etc., a estos nuevos sectores pobres se convirtió en la principal preocupación de muchos planes de desarrollo gubernamentales, casi siempre financiados por el gobierno central o por el apoyo de instituciones internacionales como el Banco Mundial. La premisa es acomodar la creciente población carente de recursos, dentro de las estructuras de la vida urbana para así descomprimir en su límite su capacidad de absorción. (Chatterjee 2007: 271 y 272)

Es obvio que los proyectos urbanos tuvieron que asumir que grandes sectores vivían y seguirían viviendo sin títulos de propiedad legítimos sobre sus viviendas, ni sobre el terreno donde las asentaban. Debieron enfrentarse a la necesidad de proveerlos de los servicios básicos, escuelas, centros de salud, etc. Hasta las compañías eléctricas tuvieron que negociar tarifas colectivas con el objeto de disminuir las pérdidas por robo de energía. (Chatterjee 2007: 272)

Es en esta instancia que podemos hacer dos distinciones entre “ciudadanos” y “grupos de población”, éstos últimos son categorías empíricas de personas con características sociales y económicas específicas a considerar por las políticas gubernamentales de bienestar social. Los grupos de población derivan de proyectos enfocados hacia problemáticas variadas, cada proyecto concreto o política que lo delimita, identificará y convertirá en categorías a grupos de población diferentes, definiéndose su tamaño y características a través de censos y otras herramientas administrativas. (Chatterjee 2007: 273 y 274) 

Al igual que en México se podía encontrar un líder que también actuaba de negociador en nombre de la “gran familia”, como se autodenominaban. Dentro de la comunidad ejercían el control y poder a veces atribuida por el sólo hecho de poseer una mera instrucción educativa que los diferenciaba del resto. Estos personajes hacían frente al poder de policía en nombre de la comunidad, pero el fondo real era un negocio en el que llegaban a manejar más de doscientas viviendas en alquiler. (Chatterjee 2007: 124, 125,126 y 128). Esta inserción de los pobres en la vida electoral del país, permitió contar con una nueva potencial arma de negociación, recurso estratégico y de presión hacia el gobierno a través del voto. (Chatterjee 2007: 277)

Es interesante el hecho de que los habitantes de esos grupos de población reconocen que la apropiación del terreno público los enmarca en la ilegalidad, pero esgrimen su derecho al acceso a una vivienda o a medios de vida dignos que a través de la asociaciones (instrumento colectivo) por ellos creadas. Son personas sin techo bajo la línea de pobreza, refugiados, trabajadores esporádicos, campesinos sin tierra, etc. Categorías demográficas propias de la gubernamentalidad. Encuadrados en ella, asumen ante el Estado una identidad que los define y los caracteriza y desde donde hacen oír sus reivindicaciones (poder de la indigencia). Por ende es lícito hacer una distinción entre los derechos sustentados legalmente (rights): ellos afectan a los ciudadanos que sí poseen título de propiedad legal, que son susceptibles de expropiación y con obligación de pago, éstos actúan dentro del marco de la ley y estarían protegidos por ella. Los derechos adquiridos por el uso continuado (entitlements): es aquí donde se plantea la problemática de cómo convalidar estos dos tipos de derechos e identificarlos, para que la asistencia llegue a las personas correctas. (Chatterjee 2007: 131)  

El problema de la vivienda en Ushuaia

Como definiéramos precedentemente, Tierra del Fuego es una de las provincias agrupadas como fuertemente receptora de flujos migratorios. Es por ello, que el crecimiento demográfico de Ushuaia está dado más por este proceso que por el propio crecimiento vegetativo. También es notable como éste no estuvo ni está directamente relacionado con el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudad, sino por el contrario se transformó de un problema de vivienda en una problemática socio-ambiental.

Cuando nos preguntamos qué seduce a estos inmigrantes para trasladarse hasta aquí, creo que su situación geopolítica incide en ello, al ser un área de frontera, con ciertos privilegios o prerrogativas. El marco se definió en la década del 70 con la Ley 19.640 de Promoción Económica que favoreció el crecimiento del sector industrial. Tres décadas después, tras la crisis que afectó al sector determinando el cierre de fábricas, la actividad turística fue configurándose como uno de los sectores más dinámicos de la economía. La masiva construcción de hoteles y la demanda de mano de obra para los servicios turísticos contribuyeron en los últimos años a sostener los flujos migratorios hacia Tierra del Fuego.

Otro elemento nuevo es la creciente preocupación de los ciudadanos en general y de técnicos de diferentes organismos públicos por los efectos irreversibles de la ocupación espontánea de tierras en sectores no previstos para la urbanización[3]. Entre los aspectos recurrentemente señalados, se encuentran los siguientes:

• La creciente contaminación de las cuencas hídricas, tanto la del Arroyo Grande en el Valle de Andorra que provee de agua potable a una gran parte de la ciudad como la del Arroyo Buena Esperanza, considerándose críticas la zona hotelera de la cuenca media, la correspondiente al centro de esquí alpino y la cuenca baja (Urciolo e Iturraspe 2005).

• La ocupación de las laderas de montaña por encima de los niveles topográficos admisibles y la degradación de los bosques que acelera los procesos de erosión y conlleva riesgos de deslizamientos, derrumbes y avalanchas,  especialmente en casos de sismo (Informe del Consejo Provincial de Medio Ambiente, noviembre de 2007)

• El acelerado deterioro del ambiente urbano y del paisaje que constituye un importante recurso turístico.

Estas voces de alarma pueden ser interpretadas como una señal positiva de fortalecimiento de la conciencia de los riesgos ambientales y del retroceso en la “calidad de vida” de los habitantes aún cuando en Tierra del Fuego el “nivel de vida” siga siendo, de acuerdo a los índices de nivel de consumo, más elevado que en la mayor parte de las provincias argentinas.  

Se plantea en estos momentos un punto de inflexión  tanto desde lo ambiental como desde lo social. El Estado como poder de policía se ha visto desbordado y las contradicciones y disputas entre los poderes públicos son frecuentes.

Un factor común con los casos de México y la India es el clientelismo político que se ve incrementado en los períodos electorales. Dada las condiciones de precariedad de estos grupos de población y su condición de auto-constructores de su vivienda, reciben beneficios y permisos a través de negociaciones continuas con los denominados “referentes barriales” (mediadores). Es preciso señalar que según las estadísticas de los informes municipales, el mayor porcentaje de residentes en estos asentamientos son argentinos y que también se registra  población procedente de Bolivia, Perú y Chile.

Una pregunta importante es: ¿cómo se insertan estas unidades familiares en la sociedad ushuaiense? Si bien el Estado debe asegurar los servicios de salud, escolaridad, transporte, etc., resulta muy difícil concretarlo aunque se les da prioridad por considerarlos de “bajos recursos” y se relega a la población de “medios recursos”.

Es así que resulta evidente una división en la comunidad entre los que están a favor de las “usurpaciones” y los que están en contra. Estos últimos reclaman el respeto del orden legal que, aún con sus imperfecciones, vacíos y omisiones, permite regular la convivencia. Nucleados en un frente conformado por asociaciones civiles y ambientalistas elevaron más de 13.000 firmas contra la polémica legislación que legitima las ocupaciones irregulares.

También se ve que algunas familias de clase media han tratado de llegar a la vivienda por el camino de la legalidad, pero el incremento del valor de los alquileres, la falta de financiamientos del sector privado para la obtención de créditos hipotecarios, el tiempo de espera en la adjudicación de una vivienda por parte del Estado, son factores que fomentan las invasiones y adquisiciones ilegales. Como lo recalcáramos precedentemente: “la mayor parte de la población se ve imposibilitada de acceder a una vivienda digna”, y esta es una realidad que excede a nuestra ciudad como vimos en los casos de México y la India.

Conclusiones

Podemos concluir que cuando se trata de implementar políticas de vivienda se debe tener en consideración a todos los segmentos de población y no sólo contemplar los de bajos recursos, pues reiteramos: “la mayoría de la población no puede acceder a una vivienda digna en virtud de no contar con el ingreso requerido para ello”.

Al parecer la solución al problema de vivienda empieza siempre por la seguridad en la tenencia de la tierra, que representa el principal motivo para invertir a lo largo del tiempo y ahorrar a través del mejoramiento de la misma. También conlleva a un sentimiento de arraigo con el lugar, liberándose toda una serie de energías y motivaciones que redundan significativamente en la calidad de vida de esa familia, convirtiéndose en una vivienda digna en todos los aspectos. (Casanueva 1991: 19, 130 y 138)

Para comprender esta problemática de índole mundial, considero importante el aporte de Partha CHATTERJEE, una de las figuras más importantes de la ciencia política contemporánea,  a cuya obra -“La nación en tiempo heterogéneo”-  hemos recurrido para conocer la situación habitacional de la India.  El autor establece una importante distinción entre la noción clásica de “sociedad civil” y la noción que él propone de “sociedad política”. El primero alude a los ciudadanos como un colectivo homogéneo y postula la igualdad de derechos y garantías para que la ley sea aplicable a todos por igual. El autor sostiene que este modelo ha fracasado y plantea una nueva visión política en la que la sociedad aparece configurada por grupos fragmentados que poseen intereses y necesidades particulares, advirtiéndose una heterogeneidad de derechos sociales.  (Chatterjee 2007: 272)

Desde esta visión se explica también por qué el Estado no ha tenido otro recurso que la paralegalidad en la resolución aparente a algunas situaciones y muchas veces se ha desviado del cumplimiento de las normas. Sin embargo, creemos que no se puede premiar al que cumple sino castigar al infractor y no olvidar que todos tenemos también “obligaciones cívicas” y no sólo “derechos”.

Este tipo de gubernamentalidad genera un campo de negociación continuo entre las autoridades y los grupos de población. (Chatterjee 2007: 275 y 276)

Finalmente se plantea la pregunta: ¿Qué es lo nuevo que aparece en escena?

Las fuentes consultadas permiten identificar algunos factores que han incidido en los últimos años en el aumento de las ocupaciones o adquisiciones ilegales:

• La insuficiencia de infraestructura de vivienda y de servicios básicos para dar respuesta a la gran demanda habitacional y la falta de normativas específicas, planes reguladores y decisiones oportunas respecto a la ocupación espontánea de tierras y al uso de los recursos. (Urciolo e Iturraspe 2005)
• La inadecuación de los mecanismos de financiamiento disponibles para responder a la demanda potencial de vivienda.
• La incapacidad del Estado de satisfacer a través de los financiamientos subsidiados la necesidad de vivienda de los grupos de población que por sus características no califican para acceder a los mecanismos institucionales de crédito.
• El aumento del valor de los alquileres.
• La intervención de factores políticos: la tolerancia de las autoridades en cuanto a la formación de asentamientos ilegales se vincula en algunos casos a estrategias de reclutamiento para los comicios. Resulta sintomático que la formación de nuevos asentamientos coincida con los períodos de elecciones.
• La emergencia de líderes o referentes que actúan como intermediarios, negociando con las autoridades y gestionando los beneficios de la política gubernamental. Este papel de intermediación administrativa se fusiona en ocasiones con la intermediación política orientada a garantizar la ampliación de las filas partidarias.
• La organización colectiva de los ocupantes ilegales que aspiran a ser reconocidos como “barrios” y reclaman la “tenencia segura de la tierra” en áreas que resultan inapropiadas para el uso residencial.
• La configuración de nuevos espacios de diálogo y negociación entre los representantes de los asentamientos irregulares y del gobierno. La Mesa Institucional creada por la Ley 746 de Emergencia Habitacional ha funcionado en la Legislatura como ámbito de discusión entre las organizaciones de la sociedad política -Foro Social Urbano-, algunas asociaciones de la sociedad civil, funcionarios del ARI y representantes de organismos del Estado provincial y municipal.
• Las diferentes posturas de los poderes públicos frente al problema: mientras el gobierno provincial implementa políticas de distribución del bienestar a la población de los asentamientos (servicios de agua y luz, subsidios de gas y certificados de domicilio), el Ejecutivo municipal de Ushuaia ha mantenido la postura de no participar en la Mesa Institucional y de seguir ejerciendo su poder de policía para la custodia de las tierras fiscales a través de una serie de operativos de desarme de viviendas.

El Estado tiene la obligación de asistir a la población de bajos recursos. Sin embargo, la legitimación de las ocupaciones irregulares por las autoridades amenaza toda la estructura legal de la propiedad.

Esta legitimación genera desconcierto y malestar social, especialmente en los sectores de ingresos bajos y medios que no han logrado resolver el problema de la vivienda y que aún debiendo afrontar el alto costo de los alquileres han optado por la vía de la legalidad.

Por último, no podemos dejar de observar la relación entre la problemática social analizada y el crecimiento del turismo. Tierra del Fuego como destino turístico en proceso de integración al mercado internacional se ha convertido en los últimos años en un polo de atracción de inmigrantes que se insertan en la sociedad desde el segmento de mano de obra en la industria de la construcción y de los servicios. Reconociendo que la actividad turística es uno de los catalizadores de la inmigración a la provincia, resulta evidente la necesidad de incluir el componente social en el diseño de las políticas turísticas como así también de elaborar e implementar estrategias conjuntas entre las distintas áreas de gestión del Estado provincial y municipal.

Las políticas públicas deben generar condiciones que aseguren la satisfacción de las necesidades vitales, tanto las que tienen relación con la vida física como con la vida moral de los seres humanos. Asimismo, deben ofrecer alternativas para contrarrestar los efectos de las intervenciones no planificadas, particularmente del uso irresponsable de la tierra y de los recursos naturales que degradan el ambiente, afectando la calidad de vida de la población y la estética del paisaje urbano. Por su parte, las estrategias deben orientarse a propiciar cambios en las actitudes a través de la formación de la conciencia cívica y ambiental y no limitarse a programas de “embellecimiento urbano” que además de ser coyunturales desvirtúan el sentido del deber premiando acciones que deben ser reconocidas como obligaciones por parte de las personas que componen una comunidad.

Considerando que el turismo debe contribuir a la sustentabilidad social en Tierra del Fuego, el propósito fue ofrecer algunos elementos para ampliar la reflexión sobre una problemática que nos concierne a todos en tanto compromete decisivamente nuestro futuro como comunidad y como destino turístico.          

Bibliografía y otras fuentes

- CASANUEVA, Cristina, 1991. Vivienda y Estabilidad Política, Centro de Investigaciones para el Desarrollo, A.C. (CIDAC), México.

- CONSEJO PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE, 2007. informe sobre recientes ocupaciones en laderas de montaña de la ciudad de Ushuaia

- CHATTERJEE, Partha, 2007. La Nación en Tiempo Heterogéneo, Ed. IEP, CLASCO, SEPHIS, Perú.

- OTERO, Hernán, 2004. El mosaico argentino, Ed. Siglo Veintiuno de Argentina Editores, Buenos Aires.

- URCIOLO, Adriana y Rodolfo ITURRASPE, 2005. “Ordenamiento hídrico de las cuencas de fuentes aptas para provisión de agua potable a la ciudad de Ushuaia”, en Actas del XX Congreso Nacional de Agua, Mendoza.

Artículos de prensa

- Artículo de prensa publicado por el Diario del Fin del Mundo, 02 de junio de 2008. Referente acto de repudio por la Resolución del Ministerio de Gobierno N°256/08.

- Artículo de prensa publicado en el diario El Imparcial, 12 de junio de 2008, Pág. 10. Referente al Barrio “El Escondido” el desarrollo de un asentamiento irregular.

- Artículo de prensa publicado por el diario El Diario del Fin del Mundo, 10 de junio de 2008. Referente a la petición de la tenencia de la tierra en propiedad por parte de ocupantes ilegales.

- Artículo de prensa publicado en el diario El Imparcial, 12 de junio de 2008, Pág. 11. Referente a diferencias entre los vecinos de dos asentamientos irregulares.

- Artículo de prensa publicado por el diario El Diario del Fin del Mundo, 23 de junio 2008. Referente a declaraciones de la Gobernadora de la Provincia, Fabiana Ríos, sobre la ilegalidad de los ocupantes de terrenos fiscales.

- Artículo de prensa publicado por el diario El Diario del Fin del Mundo, 14 de octubre de 2008. Referente al discurso que el Intendente de Ushuaia, Federico Sciurano, realizará en Conmemoración del 124° Aniversario de la ciudad.

Fuentes administrativas

- Informe de la Municipalidad de Ushuaia sobre el relevamiento realizado en el asentamiento “No me olvides” en el mes de febrero de 2008. Nota N°099/08- Letra: Depto Social.

- Planillas de datos del relevamiento realizado por la Municipalidad de Ushuaia en el asentamiento “El Escondido” en octubre de 2007.

- Programa de Saneamiento, Ordenamiento y Recuperación Urbana de la Vertiente Sudoccidental del Valle de Andorra de la Municipalidad de Ushuaia, septiembre de 2008.

- Ley Provincial Nº 766.

- Mapa con la distribución geográfica de los asentamientos irregulares – Municipalidad de Ushuaia, Octubre de 2008.

- Boletín Oficial de la Provincia, Resolución del Ministerio de Gobierno, Coordinación General y Justicia Nº 256/08.

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[1] Guillermo VELAZQUEZ (2004: 174) define: “La Calidad de Vida es una medida de logro respecto de un nivel establecido como óptimo teniendo en cuenta dimensiones socioeconómicas y ambientales dependientes de la escala de valores prevalecientes en la sociedad y que varían en función de las expectativas de progreso histórico”. OTERO, H., El mosaico argentino.

[2] Pobreza: es una medida de carencia de quienes no llegan a alcanzar un umbral mínimo establecido. Estos umbrales pueden reflejar situaciones coyunturales (Línea de Pobreza) o estructurales (índice de Población con Necesidades Básicas Insatisfechas) Cf. VELAZQUEZ, G., 2004:174.

[3]  En estos últimos años se ha visto disparado e incontrolado el crecimiento poblacional y por ende estos asentamientos irregulares. No se ha respetado el límite de crecimiento urbano, establecido en la cota 125 por los técnicos de recursos hídricos, superándose el mismo y poniéndonos a todos en una situación de “riesgo hídrico”.