LA REALIDAD SOCIAL DE USHUAIA

HACIA UNA COMPRENSIÓN Y CONSTRUCCIÓN GENUINA; EL CASO DE LA REALIDAD SOCIAL DE USHUAIA

Peter van Aert*

I

Este trabajo se centra en la necesidad crónica que experimentan las comunidades australes argentinas en relación a su gobernabilidad: la continua construcción y reconstrucción de un conocimiento genuino y fidedigno que fortalece la toma de decisiones políticas. Apunto a una comprensión íntegra de la realidad social de las sociedades patagónicas compuesta por un sistema de conocimiento autónomo, partiendo de los factores constitucionales propios a la realidad Patagónica híbrida y en continua transformación.

Para ello, sostengo que se debe en primer lugar rebelarse contra los regímenes de representación hegemónicas y sus subsecuentes sistemas de conocimiento y discursos ideológicos, fabricados hace décadas en los centros industrializados, desde los cuales nacieron los esquemas de intervención en beneficio del desarrollo de las sociedades no industrializadas. Con rebelar no quiero decir condenar las convicciones y sistemas existentes y vigentes en otras regiones, pero sí relativizar y contextualizar sus implicaciones y resistir su gratuita distribución e implementación en otras realidades, práctica que ha cosechado a lo largo de los últimos cincuenta años resultados adversos. Para ello, se debe tomar conciencia desde las mismas comunidades patagónicas que su realidad social no se ve reflejada en los indicadores convencionales diseñados en laboratorios sociales lejos de aquí.    

Lo que precisamos es estudiar los procesos sociales de la comunidad para cristalizar las necesidades y los recursos sociales presentes, definiendo así hacia dónde dirigir la política social y con qué herramientas hacerlos llegar a su destino. Una investigación acerca del capital social de la ciudad de Ushuaia iniciada 2007 y actualmente en vías de conclusión, ofrece un primer paso en esa dirección. Con los primeros resultados demostraré cómo inciden las relaciones sociales en la construcción de nuestra realidad y cómo los resultados pueden orientar la toma de decisiones políticas sustentables.

Finalmente, e inseparablemente relacionado con lo antedicho, quiero manifestar la vital importancia de la educación en el desarrollo del bienestar de nuestras comunidades. La formación de una comunidad académica numerosa y calificada no sólo posibilitaría la generación de conocimiento. La educación también está directamente relacionada con el bienestar de las comunidades, no sólo aquí en la Patagonia pero en cualquier universo social, tal como confirmarán los resultados de la investigación realizada.

El fin de este trabajo es inquietar a un público académico para alentar el reclamo en pos de un mayor énfasis en la construcción de un conocimiento genuino como fundamento para la política sustentable. Qué lugar y qué momento más adecuado para ello que un Congreso organizado por el Centro de estudiantes de la sede local de la Universidad de la Patagonia que en breve será rebautizado la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Considero este cambio institucional una gran oportunidad de incluir en la propuesta académica local la investigación y la formación de investigadores. Son ellos los predicadores de la crítica fundamentada. Y esa crítica es justamente el portal del cambio constructivo.

II

La Patagonia es diferente. En un continente mayoritariamente caluroso, la Patagonia se simboliza por las inmensas masas de hielo y los largos inviernos. Por ello la composición geográfica y biológica es particular, como también su historia etnológica. La realidad social actual no rompe esa tendencia. La Patagonia es unas de las regiones con menos presencia humana en todo el continente. Mientras la densidad poblacional media del continente es de 20 personas por km², la Patagonia habita 1,9 personas por km², igual a Amazonas, el estado menos poblado de Brasil. Dicha característica, sin duda, sumada a la relativa lejanía de los importantes centros comerciales de los respectivos países, incidió en la existencia de zonas franca en ambas regiones. La ciudad brasilera de Manaus, la ciudad chilena de Punta Arenas y la provincia argentina de Tierra del Fuego gozan de regímenes aduaneros especiales, resultados de intervenciones geopolíticas de la misma época y con el mismo objetivo: incentivar la inversión privada, y con ella, la libre inmigración hacia dichos destinos alejados.

Con esta intención se inició la historia social contemporánea de la Patagonia austral, destino de enfoque en este trabajo. Mi campo de trabajo es principalmente la ciudad fueguina de Ushuaia, pero no creo equivocarme al generalizar que la realidad social actual de la sociedad patagónica se inició con la intervención geopolítica nacional en beneficio del crecimiento poblacional de la región. Desde hace cien años, dichas intervenciones han sido de diferentes índoles, empezando con la instalación de subprefecturas en la costa patagónica durante las últimas décadas del siglo XIX. En Tierra del Fuego, la radicación del establecimiento penal de principios del siglo XX, la instalación de la base naval en 1950 y la implementación de la ley 19.640 de promoción industrial de 1972, también han de ser entendidos como intervenciones nacionales con el único fin de estimular la presencia de ciudadanos argentinos en la zona austral del país.

La sociogénesis de las comunidades patagónicas australes son productos de una ingeniería política que apuntaba a poblar el sur. Como suele pasar con comunidades fronterizas, la presencia del Estado, tanto física, y simbólicamente se hace notar. El hallazgo de importantes recursos naturales como el gas natural, minerales y petróleo sólo magnifica la relevancia geográfica de la región. Por tanto, la libre inmigración hacia los confines del país vino acompañada con importantes beneficios económicos. Así nació la reputación de Tierra del Fuego como lugar de los múltiples beneficios y el mito de la Isla de la Fantasía, instalado en el imaginario de muchos argentinos y extranjeros hasta hoy en día. No hay duda que la Isla de la Fantasía ha existido, si con eso se refiere a los beneficios económicos del lugar, los sueldos subsidiados por el estado, el alto presupuesto estatal y su consecuente nivel de asistencia.

Pero Tierra del Fuego, y me atrevo decir a que toda la Patagonia, nos presenta la prueba irrefutable que los factores económicos no componen la única dimensión que constituye el desarrollo social. Sin embargo, todavía no logramos dar protagonismo a factores no económicos que inciden tan fuertemente en nuestra calidad de vida. A pesar de nuestra experiencia vivida y en contra de nuestra sensación, hasta hoy la completa representación del bienestar está dejada en manos de factores económicos, a través de indicadores como el Producto Interno por Cápita, el Índice de Desarrollo Humano y el Índice de Pobreza Humana, entre otros. Aquí mi intención no es construir un argumento en contra de dichos indicadores, su valor en muchos contextos analíticos, ciertamente es significante. Más bien abogo por su uso racional y relativo, y por reconocer sus limitaciones explicativas. Para estimular la comprensión de nuestra realidad social deberíamos buscar esquemas representativos que reflejan la realidad. Entonces, ¿por qué seguimos aplicando esquemas de representación que demuestran una realidad ajena a nuestra experiencia?

III

El problema de fondo es que los conceptos y métodos para reflejar nuestra realidad social son importados, que pertenecen a un sistema de conocimiento hegemónico que da origen a un discurso de desarrollo pautado en crecimiento económico. Por ende, los fenómenos sociales relacionados a dicho discurso también están conceptualizados con fuertes representaciones económicas.

El ejemplo más claro, quizá, es la pobreza. Se puede decir que la pobreza, como la entendemos hoy en día, fue descubierta en las sociedades occidentales desarrolladas después de la Segunda Guerra Mundial. Como expuso Rahnema (1991)[1], nuestra idea de pobreza habla de una “falta” o “deficiencia”, lo cual revela su relatividad básica. Los pobres modernos, según la calificación que les fue atribuida, fueron considerados necesitados, con lo cuál la ideología hegemónica occidental se auto-confirma como apoderado de intervenir en las realidades necesitadas –según sus conceptualizaciones-, e introducir esquemas políticos en beneficio del desarrollo de las mismas.   

Cincuenta años después de la génesis de la hegemonía ideológica, este discurso ha perdido su fuerza, ya que las premisas y estrategias, lejos de haber generado la abundancia y progreso proclamado por científicos y políticos, ha producido empobrecimiento masivo, explotación e inestabilidad política y económica. Surgieron fuertes críticas hacia el discurso. Bhabba (1990)[2] sostiene por ejemplo que el discurso de desarrollo es un discurso colonial, una jerarquización racial y cultural. Este discurso, respaldado por el conocimiento producido a partir de él sirve como un poder que termina fragmentando el escenario mundial política y epistemológicamente en un pimer, segundo y tercer mundo.

A fines del siglo veinte empiezan entonces a surgir los llamados para una reconsideración del discurso vigente, relativizar a la modernidad occidental como un fenómeno cultural e históricamente específico. Uno de sus exponentes, Arturo Escobar (1995), sostiene que se debe “antropologizar el Occidente”, considerando el discurso de desarrollo como un capítulo de la antropología de la modernidad. Rabinow (1986) coincide, diciendo que “necesitamos mostrar cuan exótico es su constitución, enfatizar aquellos campos dados por universales (tal como la economía), reconsiderarlos como históricamente particular y mostrar que su apropiación de la verdad está relacionado a prácticas sociales que han cobrado fuerza en el mundo social” Por tanto, Escobar argumenta, el concepto de desarrollo se ha apoyado únicamente en un solo sistema de conocimiento, el del occidente moderno.

El autor manifiesta que “el desarrollo fue –y continua siendo en gran parte- un concepto etnocéntrico, tecnocrático y descendente (‘top-down’), que se refiere a personas y culturas como conceptos abstractos, cifras estadísticas movibles para subir o bajar en las tablas del progreso. El desarrollo, fue concebido, no como proceso cultural […] sino como un sistema de intervenciones técnicas más o menos aplicables universalmente cuyos propósitos son de proveer bienes ‘urgentemente necesitados’ a una ‘población meta’. No nos puede sorprender que el desarrollo resultó una fuerza tan destructiva para culturas tercermundistas, irónicamente en nombre del interés de sus habitantes”.

Escobar, y con él numerosos autores, principalmente desde los ámbitos académicos de la periferia, aboga por regímenes de representación más autónomos, de “versiones de desarrollo y modernidad formulados a través de procesos complejos que incluyen prácticas culturales tradicionales, historias de colonialismo y la ubicación contemporánea dentro de la economía global de bienes y símbolos” (1995:13). El autor concluye que se necesita “la investigación de representaciones y prácticas alternativas en escenarios locales concretos, particularmente cuando existen en contextos de hibridación, acción colectiva y movilización política.”

IV

Tierra del Fuego es uno de esos contextos de hibridación. Su realidad social no solo es resultado de un proceso histórico autóctono, sino también el producto de tres décadas de flujos inmigratorios fuertemente subsidiados, y catalizados por intervenciones políticas y vicisitudes económicas. Dicha realidad particular lo hace incomprensible desde la lectura de indicadores convencionales, sus resultados carecen de significado. Sigamos algunos números publicados por el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, en su “Informe de Desarrollo Humano 2005.” En Tierra del Fuego, en el año 2002, el Producto Bruto Geográfico por cápita de alrededor de US$12.000,- fue más del doble que el PBG por capita a nivel nacional. Respecto al primer semestre del 2004, la tabla del Ingreso medio de la ocupación principal, donde no se encuentra la provincia de Río Negro, posiciona las otras cuatro provincias patagónicas junto con la Ciudad de Buenos Aires en los primeros cinco puestos. Respecto al índice de desarrollo humano y el índice de desarrollo humano provincial, dichas provincias ocupan los puestos 2, 3, 4 y 11, y 1, 2, 4 y 5 respectivamente. Dichos resultados cuentan por ejemplo que los ingresos por cápita son relativamente altos y los niveles de analfabetismo y mortalidad infantil relativamente bajos. Por ende, la conclusión del estudio es que el desarrollo humano dentro de las provincias patagónicas es relativamente alto.

Si consideramos, como sucede en la gran mayoría de los casos, incluyendo el informe del PNUD, el desarrollo humano como construcción social, que pone la calidad de vida de los seres humanos en el centro de la reflexión, podremos constatar que los esquemas a menudo utilizados para reflejar dicho desarrollo son deficientes. Sirven para hacer análisis comparativos entre diferentes universos sociales, pero no ofrecen un parámetro fidedigno para el desarrollo. Tampoco representan un significado trascendente para la comprensión de una realidad social y menos para su planificación política.

Un ejemplo de una tendencia adversa respecto a los indicadores convencionales ofrecen los datos en relación con los suicidios publicados por el Ministerio de Salud de la Nación. En 2003, los cuatro índices de suicidio más altos correspondían a Santa Cruz, Chubut, Neuquén y Tierra del Fuego, precisamente cuatro provincias con mayores niveles de desarrollo humano según el informe del PNUD. Profesionales y funcionarios en Tierra del Fuego también alertan sobre altas frecuencias de otras problemáticas como el abuso de alcohol entre jóvenes, la drogadicción, la ludopatía, la violencia familiar, y patologías psiquiátricas como la depresión.

Aunque se desarrollaron otros métodos e indicadores que incluyen otros factores en las mediciones, no cobraron la importancia que merecen. El Indicador de Progreso Real, por ejemplo, también mide el bienestar en términos monetarios, pero incorpora factores adicionales como la distribución de los ingresos, el valor de trabajos voluntarios, los beneficios no-mercantiles de mayor educación, los costos de criminalidad, los valores por agotamientos de recursos físicos, el costo de la polución y daño ambiental y el costo de la pérdida de tiempo de ocio.

En la realidad local, dichos factores agregados, y muchos otros ejercen un peso crucial sobre la calidad de vida. Por ejemplo, la desigualdad social es un factor que incide sobremanera en el bienestar de una comunidad, tal como advirtió Kliksberg (2007) refiriendo a un estudio econométrico realizado en Brasil en 2003. Alerta que “si Brasil crece a los promedios de la década del noventa y no modifica su patrón de desigualdad, tardaría 48 años en reducir la pobreza solo dos puntos”. El crecimiento económico no basta para garantizar el desarrollo, y por ende, la realidad reflejada en los indicadores generales en definitiva representa una mera media detrás de la cual las diferencias pueden ser abismales. Precisamente los factores que producen las diferencias detrás de estas representaciones numéricas generalizadoras –los procesos sociales constituyentes de la realidad- son los que necesitan ser tomados en cuenta para la toma de decisiones políticas. Pero, ¿cómo podemos alejarnos de la realidad impuesta por los indicadores clásicos cuando no desarrollamos conocimiento propio de los procesos sociales en los cuales nosotros estamos implicados? ¿Y cómo podemos diseñar políticas públicas que responden a las necesidades locales cuando no las cristalizamos?

V

Elias (1993) sostiene que cuando nos preguntamos acerca de los procesos sociales, “deberíamos indagar sobre la red de relaciones humanas, de la sociedad misma, para encontrar las fuerzas que los motoriza, y que les da su forma y dirección particular.” Según él, la integración social es un resultado de la profundización y complejización de las relaciones sociales, de la creación de interdependencias que construye un tejido social que no solo fortalece sino también condiciona la libertad individual a través de las normas y valores, productos de la presión social inherente a las dependencias.

Dichos tejidos, normas y valores han demostrado tener un impacto significativo sobre el desarrollo local e individual. Hace más de cien años Emilie Durkheim (1897) consideró al suicidio ante todo un hecho social, cuyas causas son sociales más que psicológicas, genéticas o cósmicas. Entre las causas sociales, los factores que Durkheim destaca son la desintegración y la anomia, este último término entendido como la falta de control social o de contención social.

Las condiciones sociales, su grado de flexibilidad y sensibilidad ante intervenciones y su incidencia en el desarrollo local han sido el centro de muchos estudios a lo largo del siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial, Karl Polanyi escribió un libro épico en donde advierte cómo los sistemas económicos o reformas pueden afectar la forma en que los individuos se relacionan. Sostiene que la desocupación, desigualdad y pobreza, resultado de la economía auto-reguladora, impactó en la cohesión social en América Latina[3]. En 1961, Jane Jacobs demostró como las intervenciones estéticas en la arquitectura y la infraestructura de las grandes ciudades estadounidenses gradualmente perjudicaron la calidad de vida de la ciudad, dañando la vida cívica en las calles y dando lugar a crecientes niveles de anonimato, inseguridad y criminalidad. Tal como demostró James Scott en su obra “Seeing like a State” (1998), los esquemas de ingeniería política que aspiran beneficiar las condiciones humanas a través de la intervención autoritaria del estado y simplificación de la dialéctica y orgánica composición social, resultan contra-productivos. Su tesis coincide con la de Escobar en que el desarrollo no se logra a través de la implementación de esquemas predefinidos, sino a través del fortalecimiento de los recursos genuinos que posibilita impulsos autóctonos y respuestas sustentables ante problemas inherentemente particulares.

VI

Aquí se radica una de las claves para la política efectiva: en el fortalecimiento de los recursos sociales, y canalizarlos hacia un proceso integrador que densifica y profundiza el tejido social, creando puentes entre contextos socio-económicos y culturales. El componente primordial para ello es la identificación de dichos recursos y la comprensión de los procesos sociales vigentes. En términos conceptuales estamos hablando del capital social de la sociedad.

En dicho concepto se ha encontrado un poderoso método que posibilitó avanzar en el aprendizaje de las fuerzas subyacentes que componen y condicionan nuestra realidad social. Hoy, 20 años después de su definitiva incorporación como concepto teórico de la mano de Pierre Bourdieu (1985), James Coleman (1988) y Robert Putnam (1993), se ha producido una extensa bibliografía que demuestra en forma sistemática la incidencia de las relaciones sociales y sus características en la salud mental, el rendimiento escolar, en las patologías sociales como la criminalidad y la corrupción, el desarrollo económico y la gobernabilidad, o en pocas palabras, su relación con la salud individual y la de las comunidades en las que vivimos.

El capital social de una sociedad incluye las instituciones, las relaciones, las actitudes y valores que regulan las interacciones entre las personas y contribuyen al desarrollo económico y social[4]. La idea del capital social se refiere a los recursos que generan las relaciones sociales y su potencial valor para el bienestar de la comunidad y los individuos que la componen. No se trata de meros sentimientos sino de beneficios concretos, que se dividen en dos tipos. “El capital social estructural facilita el fluyo de información, la acción colectiva y la toma de decisiones a través de las redes sociales y otras estructuras sociales apoyados por reglas, procedimientos y precedentes. Como tal, es una construcción relativamente objetiva y externamente observable. El capital social cognitivo se refiere a normas compartidas, valores, confianza, actitudes y creencias, y como tal concierne un concepto subjetivo e intangible”[5].

En lo que sigue adelanto algunos resultados del relevamiento realizado en Ushuaia en el marco del proyecto de investigación acerca del capital social de dicha ciudad[6]. El fin de la exposición es demostrar la interrelación entre la conectividad social y la percepción y actitud de los individuos hacia sus conciudadanos, y paralelamente comprobar como dicha dinámica motoriza a los procesos sociales constituyentes de nuestra realidad, tal como la propia infraestructura cívica compuesta por las asociaciones civiles.

VII

Para empezar con el último de los componentes mencionados –las instituciones- expongo brevemente la particular composición de la infraestructura cívica de la ciudad. Las asociaciones civiles representan el eslabón en la transmisión de las necesidades comunitarias hacia el sector público y a su vez forman el medio óptimo para la canalización y comunicación de las orientaciones políticas. Sin analizar detalladamente a la infraestructura cívica quedará en evidencia que las asociaciones civiles, como resultado de las necesidades de los individuos, materializan la problemática social de la comunidad, y con ello, comprometen a la gobernabilidad.

Según el listado que proveyó la Inspección General de Justicia, la cantidad de organizaciones no gubernamentales registradas en Ushuaia en 2007 eran 353, un número extraordinariamente alto para una comunidad de 65.000 habitantes de los cuales 42,3% no participa en ninguna asociación, tal como veremos en breve. A primera vista, dichos números dejan la impresión de una aplastante infraestructura cívica creada a través de un alto grado de acción colectiva. Sin embargo, una mirada desde cerca revela que la infraestructura cívica sufre de discontinuidad, lo cual debilita su valor como estructura integradora. Su composición además despierta impresiones de fragmentación.

El hecho que un tercio de las asociaciones listadas se encuentra en condiciones irregulares frente a la Inspección de Justicia, habla de un alto grado de discontinuidad. Además, la lista revela numerosos ejemplos de superposiciones de objetivos sociales, lo cual podría ser resultado de una fragmentación social que inhibe la convivencia de diferentes clases, orígenes o franjas dentro de una institución.

Si bien este tema debe ser profundizado, podemos visualizar dichas situaciones con la escasa información que nos brinda el listado. Por ejemplo, se identifican siete clubes deportivos de karate, de los cuales cinco se encuentran en condiciones regulares. Seis clubes de atletismo están registrados, de los cuales cuatro regulares. En la categoría de asociaciones solidarias, se identifican cinco agrupaciones de bomberos voluntarios. En la categoría de asociaciones de profesiones hay tres asociaciones de árbitros.

También se han constituido agrupaciones que se identifican según la procedencia, no solo los inmigrantes extranjeros, sino también las personas procedentes de otras provincias argentinas, como demuestran por ejemplo el Centro de Residentes Formoseños en Tierra del Fuego y la Agrupación Tradicionalista Jujeña “Tacita de Plata”. Llamativamente, entre dichas agrupaciones de inmigrantes se encuentra la Asociación de Residentes Fueguinos, un espacio comunitario para la población nativa. Dicha existencia habla de una sensación de opresión de los fueguinos en relación a la llegada de grandes grupos de inmigrantes, o de una alienación de ellos respecto a su propia sociedad. De las asociaciones de origen nacional, sólo cuatro quedan registrados como regular, entre ellos la Asociación de Residentes Fueguinos.

Entendemos que en la institucionalización de la acción colectiva se ve reflejada el carácter exógeno y heterogéneo de la comunidad. La infraestructura cívica sugiera que el tejido social subyacente a la comunidad no es lo suficientemente denso como para crear puentes entre los diferentes grupos sociales. Frente a la posibilidad de integrarse y continuar una existente infraestructura institucional para fomentar la acción colectiva, se prefiere constituir una nueva institución para personalizarla a las necesidades de los fundadores. En lo que sigue veremos sí podemos confirmar dicha hipótesis en la percepción y la actitud de los individuos. A través de tres indicadores aun precariamente estudiados se construirá una primera cristalización de los procesos sociales, siendo la asociatividad de las personas, el clima de confianza y la conciencia cívica. Por una cuestión de relevancia para este trabajo y dado que una exposición de todos los resultados posibles requeriría un trabajo mucho más extenso, me limitaré a hablar de algunos indicadores específicos que serán cruzados con algunas de las variables secundarias disponibles: el origen de la población, su cantidad de años de residencia, su situación laboral, la composición familiar y su nivel educativo. Otras variables secundarias, por ejemplo el sexo, la edad, el nivel de ingreso y la religiosidad no estarán incluidos en este análisis pero no dejan de tener un impacto en la composición de la realidad social local.

VIII

La asociatividad se refiere al grado en que los ciudadanos se relacionan voluntariamente en situaciones ajenas a su realidad cotidiana familiar o laboral. Se refiere, entonces, al capital social de tipo estructural, la medida en que las personas buscan relacionarse con personas que no pertenecen a las estructuras sociales básicas como la familia y el trabajo. Dichas relaciones pueden entenderse como resultado de una participación social formal o informal, la primera realizada dentro de una estructura institucional, tal como los clubes deportivos o asociaciones civiles, y las segundas emergidas sin dicha estructura, por ejemplo las amistades.

Respecto a la participación formal, en Ushuaia el 57,7% de la población participa en una o más asociaciones. De dicha población participativa, 70% realiza actividades con beneficios principalmente personales, como jugar a un deporte, hacer una actividad artística (actuar o tocar música), defender intereses laborales o profesionales, participar en beneficio de la escolaridad de los hijos, o el vecindario. El 30% se esfuerza por beneficios no única o directamente personales, como el trabajo en organizaciones de fomento (caridad o asistencia social), grupos de acción política o en organizaciones de promoción cívica, cultural o ambiental.

Dichos resultados se ven contrastados por el deseo que expresa la población en realizar actividades en alguna o más instituciones de la sociedad. 60,2% de la población expresa ese deseo, de los cuales 70% expresa un deseo en participar en asociaciones de beneficio comunitario, y 30% en asociaciones de beneficio individual. Comprendemos que existe un alto nivel de interés en la participación, principalmente de índole solidario, deseo que no se refleje con la realidad, que demuestra un grado de participación menor, principalmente dirigido a los intereses individuales[7].

Respecto a las relaciones informales vemos en general que el contacto con los vecinos es medianamente intenso. El grado de actividad colectiva entre los vecinos, desde firmar un petitorio o reclamo hasta organizar una festividad barrial, es bajo. Solo un 31,5% afirmó haber realizado alguna actividad con sus vecinos. Se registra un alto grado de contactos con amigos y parientes, mientras la oferta cultural y natural de la ciudad y sus alrededores se ve escasamente aprovechada[8]. Mucho más significativo es el consumo de la televisión, cuya media es de 3,4 horas por día.

Estos resultados cobran mucha relevancia cuando los cruzamos con otras variables. Un ejercicio muy importante dado la particularidad de la sociedad fueguina es indagar en las diferencias en términos de origen y antigüedad de residencia en la isla. Respecto al primero se manifiesta una participación significativamente menor de parte de la población extranjera respecto a la población argentina, mientras entre los argentinos nacidos y los argentinos venidos no se cristalizan diferencias significativas[9]. En cuanto a los años de residencia de la población inmigrada, se manifiesta una gran diferencia entre los que viven en la isla desde hace relativamente poco (menos de diez años) y los inmigrantes más antiguos[10]. Por otro lado, toda la población inmigrada señala un alto interés en participar, de la cual los inmigrantes recientes se destacan sobremanera (67,2% respondió afirmativamente)[11]. Esto indica que si bien la población recientemente inmigrada participa menos, no muestra desinterés en participar, un dato importante pensando en su predisposición de integrarse.

Los resultados acerca de la situación laboral de la población apoyan la doctrina del capital social, que sostiene que la conectividad crece progresivamente. Contrario a la lógica suposición que las personas que trabajan menos, participan más por una cuestión de tiempo, los datos demuestran que cuanto más trabaja,  mayor su participación en asociaciones. No solo los desocupados participan relativamente poco en asociaciones de la comunidad, sino también las amas de casa y las personas jubiladas. Numerosos estudios han detectado la correlación entre los contactos sociales intrínsecos a las instituciones sociales básicas como el trabajo y la familia, y el capital social. Un dato de esta investigación que confirma dicha tendencia es que de todos los resultados generados, el índice de participación formal más bajo se encontró en el valor de los hogares unipersonales[12].

Asimismo, el trabajo tiende a tener una incidencia en las relaciones informales. Los desocupados y subocupados se relacionan menos con los vecinos pero tienen más parientes entre ellos, por lo cual la relación con los parientes es mayor entre dichos grupos. La participación vecinal es mayor entre los ocupados y sobreocupados, que además demuestran una mayor asistencia a eventos culturales. El consumo de la televisión se correlaciona fuertemente con el grado de ocupación; después de los jubilados son los desocupados que indican el mayor índice de consumo[13].

Como en todos los estudios de esta naturaleza realizados en otros universos, también en Ushuaia la educación se presenta como un factor que incide fuertemente en la conectividad de las personas, por lo cual la correlación entre el nivel escolar y el grado de participación esta universalmente concensuado. Las personas con mayor nivel educativo participan más en asociaciones y también expresan un mayor deseo de participar en ellas[14]. Respecto a las relaciones informales esta correlación sigue en pie. Las personas con bajo nivel educativo se relacionen menos con los vecinos (aunque tienen relativamente más parientes entre ellos), realizan menos actividades con los vecinos, reciben o visitan menos frecuentemente a sus parientes o amigos, y salen menos frecuentemente con sus colegas o amigos[15]. Del mismo modo, la oferta cultural y natural se ve más aprovechada por personas con alto nivel educativo. En cambio, el consumo de la televisión está correlacionado negativamente con el nivel educativo: cuanto más alto, cuanto menos el consumo[16].

IX

Las tendencias cristalizadas en relación a la participación de la población tienen su repercusión en la construcción de la percepción y la postura del ciudadano frente a su conciudadano o su comunidad en general. Aquí llegamos a indagar en el capital social del tipo cognitivo en materia de la confianza. Luego en base de ambos componentes –el componente estructural y cognitivo- se puede entender su relación con la conciencia cívica de los vecinos, factor determinante en el carácter de una comunidad.  

La confianza es un factor crucial en la construcción del engranaje social. Su incidencia en las relaciones sociales se marca desde la propia génesis de las mismas, hasta su resultado como recurso. La experiencia empírica ha demostrado una alta correlación entre los índices de participación y la confianza. La realidad social de Ushuaia no es una excepción. La confianza en general es positiva, aunque se marcan fuertes diferencias entre las diferentes categorías indagadas. La menor confianza se expresa hacia los funcionarios políticos. Alrededor de 90% confía poco o nada en los políticos. Consecuentemente, la confianza en los gobiernos es baja también. Respecto a las instituciones públicas, como los medios y la policía se confía más, aunque todavía poco. Respecto a los grupos sociales la confianza es mayor. Entre los vecinos, los comerciantes y los colegas, los últimos son los más confiables según los números. Respecto al origen, se confía más en los nativos fueguinos, menos en los inmigrantes argentinos y menos aun en los extranjeros[17].

Indagando de nuevo en el origen de las personas vemos que, en términos generales, los extranjeros confían menos que los argentinos nacidos y venidos, mientras los inmigrantes recientes confían menos que los inmigrantes más antiguos[18]. Dichas tendencias coinciden estrechamente con los resultados en relación a la participación. Efectivamente, las personas con menos relaciones sociales tienden a confiar menos. Tal es así con las personas desocupadas y las amas de casa, esta última categoría dueña del índice más bajo en todos los valores[19].

Respecto a los niveles de educación, los resultados coinciden con las tendencias descriptas en relación a la participación: cuanto mayor su nivel de educación, mayor la confianza[20]. Dicha correlación positiva anticipa la íntima relación entre la participación y la confianza. Tal es así que el mayor nivel de confianza generalizada se encontró en la categoría de mayor nivel participativo[21]. 

X

La actitud de los ciudadanos frente al bien común es un factor altamente relacionado con la procedencia de las relaciones sociales y sus características, en otros términos, de la calidad del capital social. En Ushuaia, existe una alta sensación de la potencial influencia comunitaria en el desarrollo local. En general se cree que las personas pueden influenciar el bien estar de la comunidad. La sensación de la existencia de la voluntad para hacerlo es menor, pero positivo. Se cree, entonces, que la gente quiere contribuir al bien común. Sin embargo, en general la gente no cree que otros efectivamente contribuyan. Al contrario, la gente opina que la colaboración real de los vecinos en términos de cumplimientos fiscales y trabajo comunitario es baja. Finalmente, la categoría del compromiso cívico de uno mismo es dueño del indicador más bajo de toda esta secuencia, implicando que el trabajo voluntario realizado por uno es muy escaso[22].

Aunque el interés por la política es moderado, la participación política no-electoral es baja, resultado que confirma lo anterior[23]. Hablando de la penosa problemática habitacional de Ushuaia, de todas las opciones presentadas, la reorganización del espacio urbano existente, la creación de nuevos barrios en los alrededores de la ciudad, establecer una nueva zona urbana en la isla o la implementación de una política contra la llegada de nuevos inmigrantes, ésta última fue la preferida[24].

Los inmigrantes argentinos son los más comprometidos cívica y políticamente. Los fueguinos nacidos lo son significativamente menos, mientras se oponen mucho más contra los inmigrantes. Los inmigrantes recientes se muestran más positivos en cuanto a la voluntad comunitaria de las personas. Llamativamente, ellos también optan por frenar la inmigración como solución para la falta de viviendas, aunque la preferencia por esta opción se marca mucho más entre los antiguos inmigrantes[25].

Respecto a la situación laboral, el grupo con menor compromiso cívico son los subocupados, quienes también, junto con las personas desocupadas, se oponen fuertemente contra la llegada de los inmigrantes. Toda la población inactiva elige esta opción sobre-proporcionalmente. Además, las amas de casa y los jubilados creen en la influencia comunitaria en el bienestar, pero su compromiso personal con la comunidad es bajo. De los inactivos, solo los estudiantes se muestran comprometidos. Ninguno de los grupos laboralmente inactivos es relativamente activo en el escenario político[26].

De todos los hogares, los hogares unipersonales son los que más creen en la influencia de uno en el bienestar de todos. Sin embargo, cuantos más integrantes tenga el hogar, cuanto más alto el compromiso con la comunidad. Junto con los jubilados, las personas que viven solos son los que menos participan políticamente[27].

La conciencia y la actitud cívica están correlacionadas con el nivel educativo. La sensación de influencia comunitaria y especialmente el compromiso cívico aumentan a la par con el nivel educativo. Respecto al interés por la política y la participación política no-electoral dicha relación se marca aun más fuerte. Junto con las personas más participativas en asociaciones civiles, las personas con alto nivel educativo son las que más participan políticamente. Además, las personas de alto nivel educativo son, junto con los extranjeros y la población laboralmente ocupada, la única categoría que no eligió la política anti-inmigratoria como mejor respuesta a la problemática habitacional[28].

Respecto a la participación formal y la confianza, las personas que más participan y confían son los que más creen en la influencia individual en el bienestar comunitario. También marcan altos índices respecto al compromiso cívico y el interés y participación en la política[29].

XI

Esta breve exposición de resultados sirve en primer lugar para cristalizar la íntima relación entre la conectividad social del individuo, su percepción hacia el otro “desconocido” y su compromiso con la comunidad. También explica por qué las relaciones sociales sientan las bases de los procesos sociales que componen nuestra realidad social. Además enseña que no solo la conectividad es importante para la creación de recursos sociales constructivos para la generación de un tejido social denso e integrador, sino también identifica a la educación como variable fundamental en dicha dinámica.

Tal como advirtió Elias, el estudio de los procesos sociales nos permite comprender nuestra realidad. En Ushuaia, como en todos los universos, vimos de modo consistente que se marca una clara tendencia entre la conectividad de las personas en términos de participación, y su consecuente postura frente a su propio compromiso cívico y hacia otros grupos sociales. La carencia de un contexto social laboral o familiar repercute análogamente en la construcción de un contexto social más amplio. Tanto las personas desocupadas como las personas inactivas y las personas que viven solos participan menos, confían menos, toleran menos y se comprometen menos.

Más allá de tendencias típicas relacionadas a la actitud y percepción de las personas y su grado de conectividad, hay otras variables, propias a la realidad local que nos brindan información relevante para cristalizar y entender diferencias entre distintos grupos sociales. Indica por ejemplo que los inmigrantes recientes no logran crear un tejido social que les permita integrarse. Esto puede hablar de una fragmentación social debido a la cual los inmigrantes recientes difícilmente pueden acceder a redes sociales dominadas por residentes nativos o inmigrantes antiguos. El hecho que los dos últimos grupos son los que más pronunciadamente votan en contra de la llegada de nuevos inmigrantes (junto con las personas desocupadas, subocupadas y las amas de casa) apoya esta hipótesis.

El análisis final de los datos de la investigación acerca del capital social de Ushuaia tardará unos meses más, pero aun terminado solo alcanzará cristalizar hipótesis que merecen estudios más profundos. Los primeros resultados cristalizan algunas tendencias que ilustran que la particular composición de la sociedad genera recursos y actitudes igualmente particulares. La fragmentación social debido al carácter heterogéneo de la población, los factores destabilizadores tal como las continuas transformaciones sociales debido a la inmigración y las vicisitudes económicas a nivel nacional desvirtúan el engranaje social, cultivando así las patologías sociales que gradualmente socavarán la vida cívica local. No podemos quedarnos ciegos frente a estos procesos si queremos diseñar respuestas cívicas y políticas en pos de un desarrollo genuino y sustentable.

Con esta declaración hemos llegado a la concreción de mi argumento: la gobernabilidad de las comunidades patagónicas se verá fortalecida cuando generemos un conocimiento genuino de su realidad social que posibilite el diseño de políticas efectivas en base de los recursos y necesidades sociales reales. La gobernabilidad no se trata de gobernar bien, sino de poder gobernar bien. Las condiciones y respuestas para la gobernabilidad no se encuentran tanto en el gobierno mismo, sino en la sociedad. Un gobierno democrático tiene la facultad de orientar y canalizar la sociedad mediante la política, pero es la sociedad que termina de dar sentido, contenido y dirección a dichas orientaciones. Por eso los recursos sociales inciden tan fuertemente en la realidad social, su poder no es menos significante que la política misma. De hecho, el recurso organizador y estabilizador inherente a la política suele diluirse frente a contextos sociales desintegradoras o carecientes de contención. La corrupción, el clientelismo y el fraude son patologías sociales que prosperan en dichos contextos.   

Por ello abogo por una respuesta estructural ante la falta de claridad respecto a la orientación y formulación de la política social. Para salir de dicha neblina, la educación es un factor primordial. La formación académica es la única salida duradera y autóctona para generar los recursos humanos que posibilitan la construcción de un conocimiento metodológica y conceptualmente fidedigno.

Estamos a la deriva respecto a la comprensión de la realidad social ushuaiense. En una ciudad relativamente pequeña, en donde unos 11.000 personas trabajan en el sector público, en donde se encuentra radicada una Universidad y un instituto de investigación perteneciente al CONICET, en donde los indicadores educativos muestran altos grados de asistencia y un alto grado de cobertura educativa a nivel nacional[30], en donde la gran mayoría de los habitantes no se ve confrontada con problemas de subsistencia, en esa ciudad con tantos recursos para llegar a comprenderse, los debates y los discursos políticos carecen de fundamentos que trasciendan niveles de especulación y por ello no contienen los recursos para construir fundamentos duraderos para políticas insensibles a cambios de gestión.

Ninguna gestión tendrá una respuesta sustentable ante las transformaciones sociales sin conocer los impactos de dichas transformaciones. La necesidad de oponerse contra las vicisitudes en la concepción política de la realidad local solo tiene respuesta mediante la generación de conocimiento. Para ello es necesario que se priorice la investigación. La universidad, esta universidad, debería jugar un papel central y crear un espacio que posibilite la formulación y ejecución de proyectos de investigación, en los cuales participen los estudiantes. Además deben contar con los fondos para la publicación y la infraestructura para la democratización de los resultados.

La comunidad de Ushuaia, y me atrevo de nuevo a decir que la gran mayoría de las comunidades patagónicas, están sujetos a una gestión local debilitada por ignorancia de su realidad social. Por ello no encuentra en la política local el factor estabilizador que requiere una sociedad históricamente susceptible a drásticas intervenciones externas que, casi cíclicamente, cambian su realidad transversalmente. 

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* Ms. Peter Van Aert, antropólogo, e investigador y docente de la Universidad Nacional de Quilmes. Email: petervanaert@hotmail.com                

[1] En Escobar (1995)

[2] Ibid.

[3] Stiglitz, J. En Polanyi, C., (2001) The Great Transformation. The political and economic origins of our time. Beacon Press, Boston, EE.UU.

[4] Grootaert, C., Van Bastelar, T.  (2001): Understanding and Measuring Social Capital. Social Capital Inititative Working paper No 24. Bank Mundial. Link: http://siteresources.worldbank.org/INTSOCIALCAPITAL/Resources/Social-Capital-Initiative-Working-Paper-Series/SCI-WPS-24.pdf 

[5] Ibid.

[6] Resultados provenientes de un trabajo elaborado por el autor, que será incorporado en una próxima publicación por la Universidad Nacional de Quilmes.

[7] La media general es de 1,06 participaciones por persona. La distribución por franja etaria es 0,93 para la población entre 15 y 29 años y 1,14 para los grupos entre 30 y 49 y 50 años y más.

[8] Las medias generales, sobre una escala de 1 a 9, son: contacto con vecinos: 4,83; participación vecinal: 3,52; recibir o visitar parientes: 5,02; recibir amigos: 5,66; asistir a un evento público: 3,08; visitar el Parque Nacional: 2,74; pasear en otras áreas naturales: 3,68; consumo de televisión: 5,68. 

[9] Con una media general de 1,06, la media de la población extranjera es 0,71. La media de la población nativa es 1,08 y la de la población argentina inmigrada es 1.10.

[10] La media de los inmigrantes recientes (menos de 10 años de residencia) es 0,7. La de los inmigrantes que llegaron antes del año 1980 y los que llegaron entre el 1980 y 1999 es 1,14 y 1,18 respectivamente.

[11] Toda la población inmigrada muestra resultados encima de la media (5,82 sobre una escala de 1 a 9): Los que llegaron antes del 1980: 5,92; los que llegaron entre 1980 y 1999: 5,89; los que llegaron en 2000 o después: 6,38.

[12] Con una media general de 1,06, la media de la población sobreocupada es 1,23; ocupada: 1,19; subocupadas: 1,06; desocupada: 0,65. Las amas de casa: 0,85; los jubilados: 0,95. Los hogares con cuatro personas o más: 1,15; con dos o tres personas: 10,6; los hogares unipersonales: 0,44.

[13] En una escala de 1 a 9, se cristaliza la siguiente distribución respecto al contacto con vecinos (media general: 4,83): desocupados: 4,12; subocupados: 4,63; ocupados: 5,20; sobreocupados: 4,81. Respecto a la cantidad de parientes entre los vecinos (media general: 2,62): desocupados: 2,69; subocupados: 3,15; ocupados: 1,95; sobreocupados: 2,22. Respecto a la participación vecinal (media general: 3,52): desocupados: 2,85; subocupados: 2,95; ocupados: 3,57; sobreocupados: 3,77. Respecto a recibir o visitar parientes (media general: 5,02): desocupados: 5,13; subocupados: 5,59; ocupados: 4,93; sobreocupados: 4,59. Respecto recibir amigos (media general: 5,66): desocupados: 5,33; subocupados: 5,75; ocupados: 6,01; sobreocupados: 4,96. Respecto a asistir eventos públicos (media general: 3,08): desocupados: 2,33; subocupados: 2,84; ocupados: 3,43; sobreocupados: 3,44. Respecto al consumo de televisión (media general: 5,68): desocupados: 6,22; subocupados: 5,75; ocupados: 5,28; sobreocupados: 5,23.

[14] Con una media general de 1,06, la media de la población con bajo nivel educativo es 0,84; la con nivel educativo medio es 1,06; la de nivel alto es 1,78. Respecto al deseo de participar (media general de 5,82), la población con bajo nivel educativo es 5,46; la con nivel medio es 6,01; y la de alto nivel educativo es 6,39. 

[15] En una escala de 1 a 9, se cristaliza la siguiente distribución respecto al contacto con vecinos (media general: 4,83): nivel bajo: 4,73; nivel medio 4,89; nivel alto 4,98. Respecto a la realización de actividades vecinales (media general: 3,52): nivel bajo: 3,39; nivel medio 3,45; nivel alto 4,15. Respecto a recibir o visitar parientes (media general: 5,02): nivel bajo: 4,86; nivel medio 5,24; nivel alto 4,89. Respecto a recibir amigos (media general: 5,66): nivel bajo: 5,47; nivel medio 5,60; nivel alto 6,45. Respecto a salir con compañeros de trabajo (media general: 2,66): nivel bajo: 2,17; nivel medio 2,95; nivel alto 3,42. Respecto a salir con amigos (media general: 3,56): nivel bajo: 3,33; nivel medio 3,84; nivel alto 3,45.

[16] En una escala de 1 a 9, se cristaliza la siguiente distribución respecto a la asistencia de eventos deportivos o culturales (media general: 3,08): nivel bajo: 2,91; nivel medio 3,07; nivel alto 3,71. Respecto a visitar el Parque Nacional (media general: 2,74): nivel bajo: 2,58; nivel medio 2,73; nivel alto 3,34. Respecto a pasear en otros partes naturales (media general: 3,68): nivel bajo: 3,15; nivel medio 3,98; nivel alto 3,58. Respecto al consumo de televisión (media general: 5,68): nivel bajo: 5,88; nivel medio 5,77; nivel alto 4,79.

[17] En una escala de 1 a 9 se dieron los siguientes niveles de confianza: Generalizada: 5,48; en funcionarios públicos: 2,30; en instituciones políticas: 3,47; instituciones públicas: 4,07; los vecinos: 5,04; los vendedores: 5,20; los colegas: 6,20; Los NyCs: 5,72; los VyQs argentinos: 4,48; los VyQs extranjeros: 3,54.

[18] En una escala de 1 a 9, y con una media de 5,48 se dieron los siguientes niveles de confianza: Argentinos nacidos: 5,58; argentinos no nacidos: 5,56; extranjeros: 4,68. 

[19] En una escala de 1 a 9, y con una media de 5,48 se dieron los siguientes niveles de confianza generalizada: Sobreocupados: 5,64; ocupados: 5,67; subocupados: 5,70; desocupados: 4,99. Estudiante: 5,51; jubilado: 5,23; ama de casa: 4,36.

[20] En una escala de 1 a 9, y con una media de 5,48 se dieron los siguientes niveles de confianza generalizada: nivel bajo: 5,18; nivel medio: 5,71; nivel alto: 5,80.

[21] En una escala de 1 a 9, y con una media de 5,48 se dieron los siguientes niveles de confianza generalizada: ninguna participación formal: 5,26; participación en una asociación: 5,65; participación en dos o más asociaciones: 5,95.

[22] En una escala de 1 a 9 se dieron los siguientes resultados: sensación de influencia comunitaria: 7,69; sensación de voluntad comunitaria: 5,80; grado de reciprocidad: 3,33; grado de compromiso cívico: 2,80.

[23] En una escala de 1 a 9 se dieron los siguientes resultados: interés por la política: 4,46; participación política no-electoral: 2,73.

[24] En una escala de 1 a 9 se dieron los siguientes resultados: reorganización del espacio urbano existente: 3,52; la creación de nuevos barrios en los alrededores de la ciudad: 3,22; establecer una nueva zona urbana en la isla: 3,41; la implementación de una política contra la llegada de nuevos inmigrantes: 4,41.

[25] En una escala de 1 a 9, y con una media general de 2,80, se dieron las siguientes resultados respecto al el compromiso cívico: Argentinos nacidos: 2,33; argentinos inmigrados: 2,95; extranjeros: 2,80. Respecto a la voluntad comunitaria (media general: 5,60): argentinos nacidos: 5,41; argentinos inmigrados: 5,61; extranjeros: 5,92. Respecto a la problemática habitacional, todas las categorías de origen eligieron la opción de implementar una política en contra de la llegada de nuevos inmigrantes más que otra (media general: 4,41). Se destacan, con resultados mayores que la media, los argentinos nacidos (4,94) y los inmigrantes antiguos (5,04).

[26] En una escala de 1 a 9, y con una media general de 2,80, se dieron las siguientes resultados respecto al compromiso cívico: Subocupados: 2,58; Respecto a la política anti-inmigratoria (media general de 4,42): desocupados: 4,95; subocupados: 5,29. Ama de casa: 5,00; jubilado: 4,49; estudiante: 4,67; Respecto a la influencia comunitaria (media general: 7,69): ama de casa: 7,99; jubilado: 7,81. Respecto al compromiso cívico (media general: 2,80): ama de casa: 2,35; jubilado: 1,98; estudiantes: 2,90. Respecto a la participación política no-electoral (media general: 2,73): ama de casa: 2,48; jubilado: 1,61; estudiante: 2,23.  

[27] En una escala de 1 a 9, y con una media general de 7,69, se dieron las siguientes resultados respecto a la sensación de influencia comunitaria: hogares unipersonales: 8,10; dos o tres integrantes: 7,68; cuatro o más integrantes: 7,67. Respecto al compromiso cívico (media general: 2,80): hogares unipersonales: 2,19; dos o tres integrantes: 2,50; cuatro o más integrantes: 3,08. Respecto a la participación política no-electoral (media general 2,73): hogares unipersonales: 1,89; dos o tres integrantes: 2,80; cuatro o más integrantes: 2,82. 

[28] En una escala de 1 a 9, y con una media general de 7,69, se dieron los siguientes resultados respecto a la sensación de influencia comunitaria: nivel educativo bajo: 7,66; nivel educativo medio: 7,64; nivel educativo alto: 8,06. Respecto al compromiso cívico (media general: 2,80): nivel educativo bajo: 2,58; nivel educativo medio: 2,85; nivel educativo alto: 3,37. Respecto al interés por la política (media general 4,46): nivel educativo bajo: 3,60; nivel educativo medio: 4,80; nivel educativo alto: 6,34. Respecto a la participación política no-electoral (media general 2,73): nivel educativo bajo: 2,50; nivel educativo medio: 2,70; nivel educativo alto: 3,59. Respecto a la política anti-inmigratoria como solución al problemática habitacional (media general: 4,41) se dieron los siguientes resultados: nivel educativo bajo: 4,57; nivel educativo medio: 4,44; nivel educativo alto: 3,89.

[29] En una escala de 1 a 9, y con una media general de 7,69, se dieron las siguientes resultados respecto a la sensación de influencia comunitaria: ninguna participación: 7,49; participación en una asociación: 7,69; participación en dos o más asociaciones: 7,97. Confianza generalizada negativa: 7,14; confianza generalizada positiva: 8,04. Respecto al compromiso cívico (media general 2,80): ninguna participación: 1,80; participación en una asociación: 2,71; participación en dos o más asociaciones: 4,39. Confianza generalizada negativa: 2,40; confianza generalizada positiva: 3,05. Respecto al interés por la política (media general 4,46): ninguna participación: 3,78; participación en una asociación: 4,45; participación en dos o más asociaciones: 5,48. Confianza generalizada negativa: 3,94; confianza generalizada positiva: 4,81. Respecto a la participación política no-electoral (media general 2,73): ninguna participación: 1,84; participación en una asociación: 2,76; participación en dos o más asociaciones: 4,02. Confianza generalizada negativa: 2,61; confianza generalizada positiva: 2,79. 

[30] Mastroscello, M. (2008), La Economía de Fin del Mundo, configuración, evolución y perspectivas económicas de Tierra del Fuego. De Los Cuatro Vientos, Buenos Aires.